Términos y Condiciones de Servicios Legales de Propiedad Intelectual

Cláusula 1: Uso del Buscador Gratuito y Tratamiento de Datos (Ley N° 21.719)

1.1. Qué datos registramos: para generar el informe preliminar y enviarlo al correo indicado, nuestro sistema registra el nombre y correo electrónico del solicitante, la marca consultada, la clase señalada, el resultado obtenido y el folio del documento, junto con la fecha, la dirección IP y la constancia de la autorización otorgada. El informe se genera en nuestro servidor y se remite por correo electrónico como archivo adjunto; la copia temporal habilitada para descarga se elimina una vez descargada y, en todo caso, dentro de las 24 horas siguientes.

1.2. Finalidad y límites de uso: esos datos se tratan con dos finalidades exclusivas: entregar el informe solicitado e informar al solicitante sobre el resultado de su consulta y los servicios relacionados. No vendemos ni cedemos datos a terceros con fines comerciales, no utilizamos las búsquedas para registrar marcas de terceros por cuenta propia ni para lucrar con ideas ajenas, y no elaboramos perfiles de “marcas precalificadas” para ofrecerlas a otros clientes. El solicitante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición y portabilidad escribiendo a contacto@registrolegal.cl, y puede revocar su autorización en cualquier momento por la misma vía. En ejercicio del derecho de portabilidad, entregamos la totalidad de los datos asociados a su correo en un archivo estructurado, de uso común y lectura mecánica (JSON y planillas CSV), y —si así lo solicita— lo transmitimos directamente al responsable de datos que indique.

1.3. Activación del Secreto Profesional: el uso del buscador gratuito no constituye relación de representación ni activa por sí solo el secreto profesional. El secreto profesional legal, la representación y nuestro Acuerdo de Confidencialidad se activan formalmente y de manera exclusiva en el instante en que el cliente contrata y paga el Estudio de Viabilidad Avanzado ($51.980).

Cláusula 2: Naturaleza del Derecho y Ley Corta de Propiedad Industrial (Ley N° 21.355)

2.1. Las marcas no se compran: el cliente declara comprender de forma absoluta que una marca comercial no se adquiere mediante compraventa. La marca se solicita al Estado de Chile para ser explotada comercialmente por un período determinado (10 años renovables). Es el Estado, a través de sus examinadores, quien posee la facultad exclusiva de otorgarla o rechazarla bajo la normativa legal vigente.

2.2. Obligación de Uso (Ley 21.355): la Ley Corta de Propiedad Industrial transformó el sistema marcario imponiendo la obligación de uso. Se informa expresamente que cualquier interesado con un “interés legítimo” puede demandar judicialmente la caducidad (cancelación total o parcial) de un registro si este no se ha utilizado de forma real y efectiva durante un período continuo de 5 años.

2.3. Inversión de la Carga Probatoria: ante un juicio de caducidad, es el titular de la marca (el cliente) quien debe acreditar ante INAPI su utilización mediante facturas, boletas o contratos. La agencia recomienda encarecidamente mantener un archivo ordenado.

2.4. Subjetividad Administrativa (“Sana Crítica”): la resolución final sobre el registro recae en la aplicación de la “sana crítica” del funcionario de INAPI. Por ende, los servicios de viabilidad y tramitación de esta agencia constituyen una obligación de medios (entregar el diagnóstico y defensa técnica más diligente posible) y en ningún caso una obligación de resultados (garantizar el éxito del trámite).

Cláusula 3: El “Período de Sombra”, Latencia y Prioridad Registral

El cliente queda notificado y acepta que un dictamen de viabilidad calificado como “Luz Verde” no asegura de forma matemática que la marca esté libre, debido al fenómeno técnico-legal conocido como el Período de Sombra (Shadow Period).

3.1. Asimetría de Información: el ecosistema público chileno prioriza la seguridad financiera. La Tesorería General de la República (TGR) requiere entre 24 y 48 horas hábiles para validar que un pago ingresó a las arcas fiscales antes de ordenar a INAPI que indexe y publique el trámite. Durante esta ventana de latencia, el buscador público de INAPI está desactualizado y no muestra los trámites que ya fueron pagados pero que están en proceso de validación bancaria.

3.2. Principio de Prioridad (Prior Tempore, Potior Iure): si dos solicitantes postulan la misma marca durante este Período de Sombra, la ley otorga el derecho a quien haya pagado primero en la TGR, incluso si el segundo solicitante actuó de absoluta buena fe confiando en la disponibilidad del buscador gratuito.

3.3. Exención de Responsabilidad: la agencia empleará máxima diligencia para ingresar los datos con rapidez. Sin embargo, la agencia queda liberada de toda responsabilidad legal, civil, comercial o financiera si la prioridad registral se pierde debido a un choque de solicitudes ocultas dentro de este Período de Sombra del Estado.

Cláusula 4: Clasificación de Niza 13 y Riesgo de Desalineación

INAPI adoptó la 13.ª edición de la Clasificación de Niza, la cual ordena los productos y servicios según su finalidad. El cliente asume la responsabilidad exclusiva de proveer a la agencia información veraz, exacta y actualizada sobre su modelo de negocio real. Registrar en una clase errónea significa estar desprotegido frente a la competencia y, simultáneamente, acumular tiempo de “no uso” en la clase original, exponiéndose a la caducidad.

Cláusula 5: Pago Directo de Tasas Estatales (Cero Triangulación)

5.1. Separación Patrimonial: el modelo de “Pago Exacto” cubre exclusivamente los honorarios profesionales de la agencia.

5.2. Responsabilidad del Cliente: el cliente asume total y absoluta responsabilidad financiera sobre los cobros exigidos por el Estado, los cuales pagará de manera directa en las plataformas fiscales:

• Tasa de Solicitud (Ingreso INAPI): 1 UTM ($71.649) por cada clase.
• Tasa de Concesión (Final INAPI): 2 UTM ($143.298) por cada clase.
• Publicación Diario Oficial: costo variable definido por la entidad.

5.3. Generación de Enlaces y Abandono: nuestra agencia generará la solicitud y enviará al cliente los enlaces o cupones oficiales de pago (Folios TGR / Diario Oficial). Es obligación exclusiva del cliente ejecutar el pago con sus propios medios dentro de los plazos fatales indicados. La agencia queda eximida de toda responsabilidad si el cliente pierde la prioridad frente al Período de Sombra por demorar su pago, o si la solicitud cae en estado de abandono definitivo por no proveer los fondos estatales a tiempo.

Cláusula 6: Límites de la “Representación Legal Total”

6.1. Al contratar la Representación Legal Total (+$46.780), la agencia asume la carga técnica de los datos en el sistema estatal, la generación de cupones de pago (para mitigar el Período de Sombra), el patrocinio inicial del expediente y el monitoreo mediante notificaciones con sello de tiempo (Stamptime).

6.2. Límite de Cobertura: el cliente declara comprender que esta representación abarca estrictamente la tramitación administrativa regular. No constituye un escudo legal a todo evento.

6.3. Exclusiones: esta tarifa base NO incluye la redacción de defensas jurídicas ante contingencias. Si la solicitud enfrenta una Observación de Fondo de INAPI, una demanda de Oposición de terceros, o si requiere un recurso ante el TDPI, dichos eventos se considerarán servicios extraordinarios y se facturarán por separado según la política de “Pago Exacto en Litigios”.

Cláusula 7: Pago Exacto en Litigios y Declaración Jurada

7.1. Defensa Interna Contingente: el costo de Defensa Judicial por observaciones ($93.560) no se cobra por adelantado; solo se activará y facturará si el trámite efectivamente enfrenta un conflicto legal.

7.2. Evidencia: toda prueba documental entregada por el cliente a nuestra oficina para estructurar cualquier tipo de defensa tiene carácter de declaración jurada. La agencia queda eximida de responsabilidad legal o penal si el cliente entrega información adulterada o falsa.

Cláusula 8: Política de Devoluciones

Los honorarios cobrados por la agencia en virtud de Estudios de Viabilidad ($51.980), Ejecución de Trámites, Litigios o Custodia ($62.370 anual), remuneran el tiempo de análisis intelectual de los profesionales y la utilización de la infraestructura tecnológica. En consecuencia, no admiten devolución ni reembolso bajo ningún evento, con total independencia de si la resolución dictada por el Estado de Chile resulta favorable o desfavorable para los intereses del cliente.

Protección y Tratamiento de Datos Personales

En estricto cumplimiento de la Ley de Datos Personales (Ley 21.719 y normativas complementarias), el cliente consiente y autoriza de manera expresa que todos los datos solicitados y almacenados en nuestras bases de datos sean utilizados única y exclusivamente con el fin de informar, educar y notificar sobre el estado de sus trámites marcarios, alertas de viabilidad, vencimiento de plazos legales y provisión de servicios jurídicos relacionados. Nuestra oficina se compromete a no comercializar ni ceder dichos datos a terceros sin su consentimiento explícito.